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domingo, 5 de marzo de 2017

El espectáculo de quién persigue a quién, por Juan Paredes C.

DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2017 | 06:00
El Caso Odebrecht ha puesto el espectáculo de la anticorrupción y de la moral pública a prueba de fuego…
(Foto: EFE)

Analista político
Como la corrupción se ha vuelto en el Perú moneda corriente y la anticorrupción también, la cruzada de valores de estos días adquiere, en la política, la triste dimensión del espectáculo.

Las destrezas que despliegan, por ejemplo, mosqueteros y mosqueteras de la moral, de capa y espada, otrora tenaces perseguidores de la corrupción, que de pronto no tienen corrupción a la cual perseguir, pues la nueva que salta a sus ojos, los envuelve también desde adentro o desde afuera, como una ostra.

El espectáculo de quién persigue a quién se impone sobre el templado tejido de la impunidad y esta sobre la débil y tímida estructura de la anticorrupción. No hay manera de que esta diabólica pirámide pueda revertir su jerarquización.

Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Susana Villarán y Verónika Mendoza fueron perseguidores de la corrupción hasta el fin del mundo. Hoy son los actores estelares de investigaciones fiscales y judiciales por sobornos y “aportes de campaña” que comprometen sus gestiones políticas y responsabilidades ciudadanas.

Los llamados que todos ellos hacen hoy a la justicia, hablando bien o mal de ella, no los hicieron cuando, a su turno, tuvieron que elegir los ejes motivadores de sus respectivos grandes espectáculos anticorrupción.

Toledo eligió a rabiar el fujimontesinismo. Humala el fujiaprismo a morir, en la cabeza de Keiko y García. Nadine Heredia alentó un proyecto electoral propio dirigido a matar dos aves de un tiro: Keiko y García. 

La famosa megacomisión parlamentaria destinada a encarcelar a García no terminó en otra cosa que en mostrarnos el fustán de la “reelección conyugal” que ella vestía con Humala desde el ejercicio proselitista de la presidencia. 

Villarán, en lugar de ponerle un segundo piso a la gestión de Luis Castañeda, optó por destruirla, más allá de los aciertos y errores que pudo encontrar y corregir. Su campaña del No a la revocación, la puso en el pináculo de la doble moral. Lima perdió tanto como ella en su pobre paso por el poder municipal. 

Mendoza va más allá: pretende refundar la República a partir de una “nueva moral”, olvidando que fue cogestora de Heredia de los sospechosos “aportes de campaña” venezolanos del 2006 y apuntadora de las agendas de la ex primera dama que registran los vericuetos del dinero de Odebrecht, el 2011.

El Caso Odebrecht ha puesto el espectáculo de la anticorrupción y de la moral pública a prueba de fuego: quienes ayer exhibieron las manos limpias no pueden exhibirlas hoy. ¿Y qué va a pasar mañana con quienes no tengan las manos limpias hoy? ¿Igual las exhibirán como limpias?


El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, si quiere terminar más o menos bien, tiene que alejarse del pernicioso espectáculo de quién persigue a quién, para tomar el toro por las astas, es decir el control del Estado, como se lo ha dicho, le guste o no, Hernando de Soto. Es el control del Estado por el presidente lo que nos hace gran falta.

domingo, 5 de febrero de 2017

Necesario paso atrás del Congreso, por Juan Paredes Castro

DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2017 | 12:45

“Sánchez no es el Ramos Heredia de los tiempos de Humala”



Analista político
Mauricio Mulder es, sin duda, una garantía de fiscalización parlamentaria a nombre propio, de su partido y también del Congreso, pero está llamado a ser, por eso mismo, también garantía de rectificación, cuando en esa y por esa misión él se equivoca de pe a pa.

En efecto, pretender, de su parte, citar “de grado o fuerza” ante el Congreso al fiscal Hamilton Castro, encargado de la investigación de los sobornos de Odebrecht a altos funcionarios del Estado Peruano, no solo contraviene el principio de inhibición parlamentaria en casos judicializados, sino que genera un innecesario conflicto de competencia con el Ministerio Público. 

foto Congreso
Cuando a propósito de Odebrecht vemos el trabajo de los fiscales en la captura de ex funcionarios del gobierno aprista, el diligente manejo de la denuncia que compromete al ex presidente Alejandro Toledo en la recepción de 20 millones de dólares y en el inminente encausamiento de nuevos involucrados, no puede pensarse que el Ministerio Público ande perdiendo el tiempo o incurriendo en un descuido de sus funciones, razones por las que, de existir, sí podría ser cuestionado por el Congreso.

Por el contrario, hay más de una razón para que el Congreso tenga que evitar, en las actuales circunstancias, la más mínima interferencia en el trabajo de las autoridades fiscales y judiciales, no solo porque están comprometidas en las investigaciones penales tres administraciones gubernamentales (las de los señores Toledo, García y Humala), sino porque debe alejarse precisamente de esas investigaciones, todo signo de presión política, venga de donde viniere.

Como no siempre todo tiempo pasado fue mejor, hubo veces en que frente a grandes casos de corrupción la investigación fiscal tuvo que pasar por presiones y tamices políticos parlamentarios. Ahora no. Tampoco un fiscal de la Nación como Pablo Sánchez, que no es el Carlos Ramos Heredia de los tiempos de Humala, está para formar parte del orden del día del Congreso. Competencias son competencias. Respetos guardan respetos.

Aunque amparado en su derecho de que todo poder del Estado está en la obligación de rendirle cuentas, cosa que no discutimos, la Comisión Lava Jato del Congreso tiene que saber que sus funciones tienen límites y estos acaban donde comienzan las prerrogativas del Ministerio Público como titular de la investigación penal, que no puede ser confundida con la investigación  política que atañe a los parlamentarios y en la que igualmente no pueden intervenir fiscales ni jueces.


Si la Comisión Lava Jato se aboca a lo que tiene que abocarse, que no es la acción penal, terreno propio de fiscales y jueces, terminará contribuyendo enormemente a la investigación de los sobornos de Odebrecht y a la lucha contra la corrupción en el país. Para ello, sus integrantes y el propio Congreso tienen que dar un sabio y digno paso atrás, que no es, por supuesto, una renuncia a sus facultades fiscalizadoras sino el puro y llano reconocimiento de aquellas otras distintas de otro poder del Estado como es el Ministerio Público.