DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL
2017 | 12:45
“Sánchez no es el Ramos
Heredia de los tiempos de Humala”
Analista político
Mauricio Mulder es, sin
duda, una garantía de fiscalización parlamentaria a nombre propio, de su
partido y también del Congreso, pero está llamado a ser, por eso mismo, también
garantía de rectificación, cuando en esa y por esa misión él se equivoca de pe a
pa.
En efecto, pretender, de su
parte, citar “de grado o fuerza” ante el Congreso al fiscal Hamilton Castro,
encargado de la investigación de los sobornos de Odebrecht a altos funcionarios
del Estado Peruano, no solo contraviene el principio de inhibición parlamentaria
en casos judicializados, sino que genera un innecesario conflicto de
competencia con el Ministerio Público.
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| foto Congreso |
Cuando a propósito de
Odebrecht vemos el trabajo de los fiscales en la captura de ex funcionarios del
gobierno aprista, el diligente manejo de la denuncia que compromete al ex
presidente Alejandro Toledo en la recepción de 20 millones de dólares y en el
inminente encausamiento de nuevos involucrados, no puede pensarse que el
Ministerio Público ande perdiendo el tiempo o incurriendo en un descuido de sus
funciones, razones por las que, de existir, sí podría ser cuestionado por el
Congreso.
Por el contrario, hay más de
una razón para que el Congreso tenga que evitar, en las actuales
circunstancias, la más mínima interferencia en el trabajo de las autoridades
fiscales y judiciales, no solo porque están comprometidas en las
investigaciones penales tres administraciones gubernamentales (las de los
señores Toledo, García y Humala), sino porque debe alejarse precisamente de
esas investigaciones, todo signo de presión política, venga de donde viniere.
Como no siempre todo tiempo
pasado fue mejor, hubo veces en que frente a grandes casos de corrupción la
investigación fiscal tuvo que pasar por presiones y tamices políticos
parlamentarios. Ahora no. Tampoco un fiscal de la Nación como Pablo Sánchez,
que no es el Carlos Ramos Heredia de los tiempos de Humala, está para formar
parte del orden del día del Congreso. Competencias son competencias. Respetos
guardan respetos.
Aunque amparado en su
derecho de que todo poder del Estado está en la obligación de rendirle cuentas,
cosa que no discutimos, la Comisión Lava Jato del
Congreso tiene que saber que sus funciones tienen límites y estos acaban donde
comienzan las prerrogativas del Ministerio Público como titular de la
investigación penal, que no puede ser confundida con la investigación
política que atañe a los parlamentarios y en la que igualmente no pueden
intervenir fiscales ni jueces.
Si la Comisión Lava
Jato se aboca a lo que tiene que abocarse, que no es la acción penal,
terreno propio de fiscales y jueces, terminará contribuyendo enormemente a la
investigación de los sobornos de Odebrecht y a la lucha contra la corrupción en
el país. Para ello, sus integrantes y el propio Congreso tienen que dar un
sabio y digno paso atrás, que no es, por supuesto, una renuncia a sus
facultades fiscalizadoras sino el puro y llano reconocimiento de aquellas otras
distintas de otro poder del Estado como es el Ministerio Público.
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